Este documento está orientado a servir de guía argumentativa y práctica para que los profesionales de la salud y del sector judicial, así como los agentes de la administración pública en general, comprendan mejor sus responsabilidades y lleven adelante acciones para cumplir con las normas sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE)4 de las mujeres que han atravesado una violación sexual y de esta forma garantizar este derecho en los países de América latina y el Caribe (LAC).

Su elaboración fue una decisión estratégica de La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres (La Mesa)5 de Colombia y la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR)6 de México, junto con el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI)7 y el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades.